( Agencias en Lima ) ( 2005-11-24 )
El Poder Judicial de Perú avaló hasta ayer la elaboración de 12 cuadernillos de extradición contra el ex presidente Alberto Fujimori, detenido en forma preventiva en Chile, acusado de varios delitos, entre ellos la matanza de 25 personas en Barrios Altos, en 1991, y La Cantuta en 1992, y sobornos a congresistas, entre otros cargos.
Los nuevos pedidos aceptados, que se suman a los nueve anunciados en días pasados, corresponden a los procesos por asesinato de 25 civiles en 1991 y 1992, así como por las torturas al periodista Fabián Salazar, en el 2000, y por actos de corrupción a congresistas en el mismo año.
Con los 12 pedidos aprobados hasta el momento, ahora sólo quedan pendientes de resolver por la Corte Suprema seis solicitudes de extradición planteadas por la procuraduría contra el ex presidente.
Aceptado el inicio de trámite, estos 12 pedidos serán enviados a la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, quien decidirá la suerte de los cuadernillos que serían enviados a Chile para el pronto traslado del ex mandatario para su juicio en Perú.
Respecto a la matanza de 25 civiles y la aprobación de pedido para extraditar a Fujimori, el tribunal se basó en lo estipulado en el tratado de extradición vigente desde julio de 1936 con Chile para resolver esta solicitud.
La sala dejó establecido que el caso cumple las exigencias de la legislación chilena en lo que concierne a delitos con pena efectiva, la doble incriminación y pruebas suficientes como para iniciar un juicio por estos crímenes.
CANDIDATO.
Por otra parte, el abogado de Fujimori, César Nakasaki, aseguró ayer que pese a enfrentar su cliente varios pedidos de extradición y estar detenido en Chile, sigue firme en su decisión de presentar su candidatura presidencial, porque, según dijo, su condición de detenido y procesado no es un impedimento para que se postule.
El letrado agregó en el programa Cabina Abierta, de CPN Radio, que el problema para una eventual postulación del destituido mandatario se centra “única y exclusivamente” al tema de su inhabilitación, dispuesta por el Congreso.
No obstante, la defensa del prófugo ex jefe de Estado insistió en que la inhabilitación por abandono de cargo sería nula y no tendría efecto jurídico, porque el Poder Judicial (PJ) debió ser el primero en pronunciarse.
