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martes, abril 17, 2007

La impronta política del Consejo de la Magistratura se advierte hasta en gestos nimios

de Tucumán

Los representantes de cada sector se sientan próximos en cada reunión. El Banco Mundial ofreció una donación.

Basta ver en qué lugar se sientan sus integrantes para advertir la preponderancia del factor político en el Consejo de la Magistratura de la Nación, que se sinceró como consecuencia de la Ley 26.080. La norma entró en vigencia el 17 de noviembre del año pasado, redujo de 20 a 13 el número de miembros. Ahora los Diputados y los Senadores tienen 3 representantes cada uno, al igual que los Jueces, mientras que los abogados disponen de 2. Los otros 2 lugares son para la Consejera por el Poder Ejecutivo (Marcela Losardo, Subsecretaria de Justicia de la Nación) y por los académicos del Derecho (Mariano Candioti).
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Cada 15 días, cuando hay un plenario (lo forman los 13 Consejeros), Pablo Mosca (Presidente y representante de los abogados) se sienta a la cabecera de la mesa ovalada que está ubicada en la Sala Lino E. Palacio, en el 2º piso de Libertad 731 de esta ciudad. Suelen flanquearlo dos funcionarios del cuerpo: Pablo Hirschmann (Secretario General) y Cristina Akmentins (Administradora General).
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A la derecha se ubican Santiago Montaña (por los abogados), Candioti (académico Radical), y el bloque político de la oposición Radical: el Senador Ernesto Sanz y el Diputado Federico Storani. A la izquierda del Presidente en cambio, suelen sentarse los 3 Consejeros Jueces: Luis María Cabral, Luis María Bunge Campos y Miguel Angel Gálvez.
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En el centro y de frente a los Radicales se sitúan los integrantes del Bloque Justicialista: Losardo, los Diputados Carlos Kunkel y Diana Conti, y los Senadores María Laura Leguizamón y Nicolás Fernández.
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Aunque la posición individual puede variar,sus asesores, que suelen hacerlo antes, colocan pesadas carpetas con el orden del día y otras anotaciones o indicaciones sobre el lugar que generalmente

utiliza cada miembro del Cuerpo.
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Incluso en las chanzas

Más allá de la ubicación, en los discursos -y hasta en las ocasionales bromas que los Consejeros se dispensan durante los debates- queda bien marcada la pertenencia a cada estamento, fundamentalmente por parte del Justicialismo.
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Durante el plenario del jueves, por ejemplo, se produjo una pequeña y breve diferencia en el propio oficialismo cuando llegó el momento de tratar las condiciones exigidas por el Banco Mundial para concretar una donación a favor de la Escuela Judicial, que depende del Consejo. Cuando Losardo pidió la palabra para explayarse sobre el proyecto, el Consejero y Diputado Peronista Kunkel recordó "Que se trataba de una intromisión de un órgano Internacional en un asunto interno, a lo que el Justicialismo siempre se había opuesto". La Consejera levantó la voz y reprochó a su par: "No estoy de acuerdo con lo que decís ni con el enfoque ideológico que le das".
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A la exposición de Losardo la elogió Sanz (UCR). Esto, además de las bromas de Storani y de Sanz, obligó a que Losardo hiciera las pases con Kunkel y pusiera las cosas en su sitio: "Esto tampoco significa que yo me alejo de los míos".
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Un programa de asistencia para capacitar a funcionarios y empleados
Para el próximo plenario del Consejo de la Magistratura fue postergada la discusión acerca de una donación que ofreció el Banco Mundial (BM) para la Escuela Judicial, que depende de aquel órgano. El objetivo es que una auditoría del Banco Munidial determine las necesidades de capacitación de los miembros de la Justicia Federal (Magistrados, funcionarios y empleados).
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El tema debió haber sido tratado el jueves. Sin embargo, su tratamiento fue aplazado como consecuencia de los interrogantes que plantearon algunos Consejeros. Como consecuencia, por sugerencia de Marcela Losardo, durante el próximo Plenario serán expuestas -y evacuadas- las dudas antes de aprobar la iniciativa.
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El BM prometió alrededor de U$A 321.600 para afrontar los costos que demandaría la contratación de una Consultora dependiente, además de otros U$A 45.000 para la adquisición de bienes e insumos, y para financiar programas de estudios, capacitación, publicaciones y trabajos de investigación académica en que pudieran intervenir miembros del Poder Judicial.
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El BM sólo exigió como condición para el otorgamiento del dinero la contratación de una consultora de un listado proporcionado por ellos, que diagnostique y determine las necesidades de capacitación que existen. Las desavenencias entre los Consejeros giraron en torno de si debía aceptarse un condicionamiento externo.